Punto de vista… legislación

Rafael J. Ramos Vázquez (*)

El 14 de julio el Ejecutivo publicó el decreto número 252, según él, como una medida temporal de prevención sanitaria ante el estado de emergencia por la enfermedad denominada Covid-19. Mediante esa ordenanza, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, en todo el Estado de Yucatán, hasta el día 15 de agosto.

El ordenamiento consta sólo de dos artículos, el primero que textualmente dice: “Se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio del estado de Yucatán, en los establecimientos y lugares a que se refiere el artículo 253-A de la Ley de Salud del Estado de Yucatán”. Y el segundo señala que quien infrinja se hará acreedor a las sanciones administrativas y penales de los ordenamientos aplicables, según el caso.

Dicha medida prohibitiva, llamada coloquialmente Ley Seca, por cierto, no sé de dónde obtienen el nombre, porque en todo el mandato esas dos palabras jamás aparecen.

No juzgaré si el decreto es correcto, o si cumple su cometido, en todo caso la ciudadanía tiene la mejor opinión.

Sin embargo comentaré un hecho relacionado con la mal llamada “ley seca” que sucedió y seguramente se repite un sinnúmero de veces en agravio de la ciudadanía.

El sábado 1 de agosto, al mediodía, una familia yucateca se dirigía al puerto de Progreso en dos vehículos, para disfrutar unas vacaciones veraniegas durante agosto, en uno de ellos el chofer llevaba todo el menaje de casa, entre el cual había dos cajas de vino, cada una con seis botellas; una botella de tequila y tres empaques de seis cervezas. Todos cerrados, empaquetados en sus cajas de origen y sin refrigeración.

Ya en las cercanías del puerto, el carro es detenido en un retén que se encontraba a un costado de la carretera, por un elemento de la policía municipal de Progreso y es revisado; al ver las bebidas antes descritas que no estaban ocultas, procedió el policía a sustraer las dos cajas de los vinos y el tequila y las subió al carropatrulla.

Ante ese hecho, se le pidió al uniformado que se identificara y explicara el motivo de su proceder. No se identificó. Sólo dijo: —Es ley seca—. Se le pidió que dieran un recibo de lo incautado y contestó: —No les voy a dar nada, no se pongan difíciles porque me llevo el carro y al chofer al bote—.

Ante esa actitud la familia decidió retirarse, quedando en poder del uniformado lo sustraído.

¿Qué podemos concluir de ese incidente? El decreto es muy claro: lo que está prohibido es la venta y consumo en los lugares que señala el propio ordenamiento. Ejemplo, bares, restaurantes, expendios, licorerías, etc., pero la transportación para consumo doméstico no está restringida. La familia no violó el decreto ni contravino la prohibición y no ameritaba un decomiso.

Al contrario, el uniformado cometió un delito que se llama abuso de autoridad.

El gobierno a cargo de esos gendarmes, en este caso del orden municipal, debe capacitar a su personal, que es el que aplica la ordenanza.

La ciudadanía debe saber sus derechos para que no sean atropellados. Es lo malo de darle a gente sin cultura ni capacitación uniforme, placa y pistola, eso propicia un sinnúmero de violaciones, en abuso de esa autoridad.

El problema de la ciudadanía es que tenemos autoridades con conceptualizaciones equivocadas, ya que piensan erróneamente que la autoridad es superior a la gente; nada más falso.

El policía es un servidor publico, en buen castellano un empleado de la ciudadanía. Así como cualquier trabajador tiene un patrón, el funcionario también lo tiene: el ciudadano. El desconocimiento de ese principio ha llevado a la población a no exigir el cumplimiento adecuado de sus funciones. Es decir, el ciudadano se ha deslindado del trabajo del funcionario viéndolo como un ente ajeno y pensando que el gobierno es una autoridad que puede hacer lo que quiera.

Lamentablemente, eso ha sido una simbiosis. El funcionario en el puesto hace lo que le parece, porque cree que nadie le puede exigir responsabilidades y lamentablemente el ciudadano hace a un lado su derecho a reclamar, aun cuando se enfrente a un abuso de autoridad.

El día que el ciudadano pierda el temor a la autoridad y la vea como es, un empleado pagado por nuestros impuestos, que debe cumplir y respetar la ley, ese día la cosas en México cambiarán. Espero que sea pronto. Es urgente.— Mérida, Yucatán.

Abogado y empresario